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La situación humanitaria continúa agravándose. Entre enero y julio de 2026, se han reportado 1.229 personas desplazadas (481 familias), 7.996 personas confinadas (3.198 familias) y 2.328 personas con restricciones a la movilidad, pertenecientes a cinco comunidades indígenas y seis afrocolombianas. Asimismo, 1.332 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por limitaciones en el acceso a la educación, servicios esenciales, medios de vida y mecanismos de protección, particularmente en zonas rurales dispersas y de difícil acceso, mientras que cinco comunidades indígenas y seis comunidades afrocolombianas resultaron afectadas, lo que refleja una tendencia sostenida al agravamiento de la crisis en la zona limítrofe entre Antioquia y Bolívar. Sumado a lo anterior, la población civil se encuentra expuesta a múltiples riesgos de protección, incluyendo reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas, afectaciones por minas antipersonal (MAP) y otros artefactos explosivos improvisados (AEI) y el uso de vehículos aéreos no tripulados (VANT) o drones con capacidad de generar explosiones no controladas.